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Alivio para los compradores de nueva construcción

Por: Ingeniero Emilio Colón Zavala/ Presidente Asociación de Constructores de Puerto Rico

Uno de los retos que tienen los compradores de hogares es tener el dinero para pagar los gastos de la compraventa. Para estimular esta actividad económica se aprobó la Ley 216 de 2011.

Esta medida provee un mecanismo vital para impulsar la actividad de compraventa y financiamiento de viviendas de nueva construcción en el mercado local, al conceder al comprador exención de cinco años del CRIM, exención de ganancias de capital, además de relevo parcial de sellos y aranceles en la transacción de compraventa. Se permite un ahorro significativo en los gastos transaccionales, un ahorro importante en la primera etapa de la tenencia de la vivienda y un ahorro e incentivo para adquirir, dado a que en la reventa no se aplicaría contribución sobre la ganancia de capital. 

La venta de vivienda de nueva construcción se ha contraído de aproximadamente 8 mil unidades en el 2007 hasta 694 en los primeros 10 meses del año pasado. El 2017 fue el año en que menos vivienda nueva se compró. El paso de los huracanes Irma y María redujo un 87 por ciento las compraventas tanto en vivienda nueva como en la existente. Encima de esto los incentivos al comprador vencieron el 31 de diciembre.

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Cuando comenzó el 2018, sin los incentivos, los cierres en los bancos de préstamos para vivienda nueva se redujeron hasta el 90 por ciento. Esto se debió, en gran medida, por el aumento en gastos de cierre y el requisito de tenerse que volver a divulgar los términos de préstamos.

El Proyecto de la Cámara 1076, aprobada en la pasada sesión legislativa, extiende estos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2020. La extensión por tres años adicionales a la Ley 216, es una herramienta necesaria para estimular la actividad económica que activa la amplia cadena de servicios y productos derivada de la construcción, venta y financiamiento de unidades de vivienda de nueva construcción. La mayor necesidad y demanda de vivienda derivada del impacto del huracán María y la urgencia de reactivar sectores económicos con impacto inmediato como lo es el sector de la construcción, ofrecieron oportunidades de atender importantes fines sociales y de política pública a través de la extensión de esta legislación.

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