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La Autoridad de Energía Eléctrica: Modelo para construir un mejor país

Por: Lcdo. Carlos J. Parés, LL.M.
Lcdo. Carlos J. Parés (Suministrada)

Durante los pasados años, el tema del alto precio de la energía eléctrica y la confiabilidad del sistema eléctrico ha sido altamente discutido en Puerto Rico. Se han realizado múltiples estudios, propuestas y contrapropuestas analizando lo ya analizado, como también se han presentado los mismos proyectos de generación de energía una y otra vez. 

Por otra parte, la gran mayoría de la discusión pública se ha reducido a comentar los millones de dólares “invertidos”, y para otros “gastados”, en contratos de asesoría a firmas fuera de la Isla. Mientras esto ocurre nuestro sistema eléctrico se desmerece, el precio de la tarifa de luz aumenta, se habla de incumplimientos con las regulaciones federales ambientales y más personas emigran fuera de Puerto Rico. 

El tema energético nos brinda la oportunidad de discutir este asunto desde una visión alterna, que promueva una política pública cimentada en el desarrollo colectivo y social. Como parte de mis estudios de Maestría en Derecho Energético en la Universidad de Houston tuve la oportunidad de estudiar leyes y reglamentos de varios países de Sur América, Estados Unidos, Europa y África, como también pude examinar diversos modelos de contratos de energía. En síntesis, algunas de estas disposiciones legales o contractuales de estos países requieren al desarrollador o asesor capacitar y educar a los ciudadanos sobre el tema contratado; como también se les requiere el ofrecer cursos o charlas en las universidades, escuelas y seminarios de educación continua. Estos cursos exigidos deben ser ofrecidos al mismo nivel profesional de los que usualmente se ofrecen a su personal expatriado. El propósito de estas disposiciones es que en un futuro, los ciudadanos de dicho país puedan ser contratados para ocupar posiciones administrativas, técnicas y financieras donde quizás dicho peritaje no esté disponible. De esa forma se reduce la fuga del capital intelectual que ante la falta de oportunidades en el País emigra a otras países, como también disminuye la contratación de asesores externos. Por otra parte, también existe legislación la cual exige la compraventa de materiales de proyectos a suplidores locales, con el fin de incentivar la economía y promover el comercio. 

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Más allá de analizar los proyectos a gran escalas o críticos desde una perspectiva puramente económica, sugiero que se tome en consideración la perspectiva social y que se tome en cuenta algunas de las siguientes preguntas: ¿El asesor o el desarrollador del proyecto educará a nuestros estudiantes y profesionales? ¿Mantienen un Código de Conducta? ¿Cuál es su compromiso social con el país? ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿Tienen algún protocolo anticorrupción? ¿Cuál es el compromiso con la comunidad que van a desarrollar el proyecto? ¿Cuál será su aportación social? ¿Cuál es el compromiso social, ambiental y económico con los residentes de la zona a ser impactada? ¿Cuál es su reputación en otros países? ¿Tienen querellas o demandas en otras jurisdicciones en las que mantienen operación? 

Estas sencillas, pero profundas preguntas nos ayudarán a promover el desarrollo de un mejor Puerto Rico. 

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Para comunicarte con Carlos J. Parés, escribe a pareslaw@gmail.com.