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La Junta y los bienes raíces: una reflexión

Por: Roberto Carrasquillo Ríos/ Realtor, Caguas Board
Roberto Carrasquillo Ríos

Ya se conoce que la Junta de Control Fiscal (JCF) dictará la pauta al momento de decidir la política pública del País por los próximos 8 a 10 años. 

¿Cómo la industria de los bienes raíces enfrenta esta realidad? La contestación a esa pregunta debería ser una estrategia dinámica debidamente delineada y presta para su ejecución. Es decir, ante las nuevas políticas públicas anunciadas, como la reducción del empleo público, las pensiones y otras, la clase profesional de realtors como colectivo y de manera individual deberá tener sus planes de mitigación ante una realidad que es inminente en su embate.

Para enfrentar la realidad de la JCF es de rigor reconocer cuál es su origen y su propósito. Esa realidad innegable nos llevará a la reflexión correcta y nos dirá dónde estamos como sociedad e industria y por qué. Sobre este particular, la creación de empleos debe ser una tarea prioritaria como paso previo a la rehabilitación de la industria hipotecaria. 

La respuesta a esa premisa debería ser una donde la industria se inserte en el tipo de desarrollo que se propone como alternativa. De esta manera podríamos asegurarnos de que el tipo de empleo que se quiera desarrollar sea uno bien remunerado y de carácter permanente. Si los empleos son “tipo manpower” podrían ser de apoyo para algunos sectores de la economía, pero no serían empleos que respondan a la necesidad de la industria hipotecaria. 

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A lo anterior, añádale la propuesta de los acreedores del gobierno quienes ya han planteado que se debe alentar la contratación empresarial eliminando el bono mandatorio de Navidad de $600, los 15 días de vacaciones pagas. Esa propuesta es contraria a los intereses de la clase profesional de realtors, puesto que esos ingresos son contemplados en los parámetros de cualificación ("ratios") a la hora de originar un préstamo hipotecario. 

Como es apreciable, si los intereses de la industria de corretaje no están representados, sería por rebote que nos impactarían las decisiones que se tomen, sin tener el insumo de nuestra clase profesional. Es por ello que resulta de rigor que la clase profesional de realtors forme parte del proceso donde se tomarán las decisiones del país y así hacer valer que somos la voz de los bienes raíces. 

Para ese propósito, la ley que creó la JCF estableció en su sección 409 la creación de un Grupo de Trabajo del Congreso (Task Force) encargado de explorar alternativas de Desarrollo Económico para el país. Ese Task Force lo integra, entre otros, la congresista la puertorriqueña Nydia Velázquez y el comisionado Pedro Pierluisi. El mismo es presidido por el senador Orin Hacth, quien públicamente ha solicitado a diferentes sectores de nuestra economía presentes alternativa para el desarrollo del país. 

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Como vemos, la creación de este Task Force nos ofrece una puerta para que la clase profesional de realtors pueda llevar su expertis, preocupaciones y necesidades en torno la industria de corretaje en Puerto Rico. 

De igual forma, una Coalición del Sector Privado de Puerto Rico ya ha comenzado un agresivo cabildeo para buscar la creación de mecanismos de desarrollo para la isla y la restructuración de la deuda pública. Estos públicamente ya han anunciado sus propuestas ante el grupo de trabajo congresional. Esa coalición podría ser un nicho que la clase profesional de realtros pudiese integrar a la hora proponer y velar que las alternativas de desarrollo favorezcan la industria de los bienes raíces. 

En síntesis, los momentos que vive el país y la industria de los bienes raíces nos impone la toma decisiones más allá del techo que nos cobija. Los retos ya se conocen y la capacidad de enfrentarlos es una ya probada. Las herramientas están al alcance para enfrentar la ardua tarea de los desafíos que nos impone el futuro, solo hay que organizar nuestra participación e impacto a la Ley PROMESA.