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Ambiente y equidad: Dos factores importantes para el desarrollo de la isla ante el cambio climático

Por: Dr. Fernando Abruña, FAIA

Cada año, cuando celebramos el Día del Planeta Tierra, discutimos los efectos antropogénicos que deterioran el ambiente y cómo debemos conducirnos para garantizar nuestra subsistencia. 

Las inundaciones y la falta de energía eléctrica que afectó al país tras el paso del huracán María pusieron en perspectiva que los efectos de los daños ambientales y el cambio climático son reales y requieren atención inmediata. 

Por ejemplo, luego del paso del huracán, muchos le preguntan a los afectados por inundaciones: “Si sabes que tu casa se volverá a inundar ante otro evento similar, ¿por qué no te mudas?”. Inicialmente, parece una pregunta razonable. ¿Quién desea permanecer en un lugar propenso a inundaciones? Nadie en su sano juicio quiere ese escenario, pero muchos de los afectados viven en zonas inundables no por deseo, sino por necesidad. 

No es lo mismo (por tomar un ejemplo de fácil contraste y que a menudo se discute) vivir por necesidad en una comunidad alrededor del Caño Martín Peña que vivir por decisión en la urbanización Ocean Park. Ambas áreas están ubicadas en zonas de alto riesgo de inundaciones. Este escenario presenta dos comunidades en polos opuestos económicamente hablando. La más pudiente puede enfrentar el problema, entre otras estrategias, pagando por tecnologías costosas incluyendo sistemas sofisticados de bombeo, creación de barreras y diques, sistemas de controles y otras tecnologías afines. Algunos, incluso, tienen propiedades adicionales que les permiten enfrentar un desastre atmosférico en otro lugar y regresar a su comunidad base luego del evento.

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La comunidad de menos recursos económicos, en cambio, no tiene las mismas opciones porque no cuenta con la capacidad para pagar por esas tecnologías. Muchos miembros de estas comunidades tampoco tienen opción de desalojo porque no cuentan con los recursos económicos para trasladarse. Además, por las características de la zona, quienes pueden ofrecer ayuda inmediata luego de un evento catastrófico no son las autoridades gubernamentales, sino los vecinos.

Para entender mejor el reto que supone el desplazamiento de comunidades de un lugar a otro, tomemos el siguiente escenario hipotético: un australiano o quizás un belga se dirige a un boricua y le dice: “Si sabes que vives en una región donde todos los años te enfrentarás al paso de huracanes, ¿por qué no te mudas de la isla?” El argumento de desplazamiento puede sonar y parecer racional, pero ¿estás dispuesto a mudarte de la isla por el riesgo que anualmente supone estar en la ruta del paso de huracanes? No es una pregunta retórica la que presento. Apuesto a que la contestación de la gran mayoría sería un “no” rotundo.

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La respuesta a este dilema no es sencilla, amerita mucha discusión y análisis de muchas disciplinas e intereses. En otras palabras, como se dice popularmente, “no es fácil”.

Tomemos otro escenario. Recientemente, se ha discutido la posibilidad de imponer un impuesto al sol. Este equivale a una tarifa a sistemas de generación distribuida de energía por cada kilovatio-hora producido por cada generador. Un generador distribuido puede ser tu residencia o negocio, si tienes instalado un sistema de generación de energía de fuentes renovables (con frecuencia fotovoltaico) en interconexión con la red de la Autoridad de Energía Eléctrica. El impuesto al sol podría incluir, además, generadores independientes desconectados de la red. Es decir, podrías estar penalizado por cada kWh que generes estando conectado o desconectado de la red. 

A primera vista parece algo irrazonable. Si decides desconectarte de la red de la AEE, ¿por qué se te penalizaría con una tarifa? No estarías utilizando los recursos ni la red de la AEE. ¿No tiene sentido verdad? Pero, según aumenten los generadores distribuidos (edificios con sus propias placas fotovoltaicas), los restantes abonados que sigan conectados a la red sin el beneficio de su propia generación tendrán que cargar un peso mayor relacionado con los gastos de generación, distribución, mantenimiento, operación y gerencia del sistema eléctrico. Por los altos costos relativos que suponen los sistemas solares, quienes inicialmente podrán instalar su propio sistema de generación serán aquellos de las estratas económicas más altas dejando en una posición de desventaja a las clases más humildes y vulnerables donde la necesidad del servicio es indispensable  por razones de salud más que de ahorros, conveniencia o confort. Quizás un impuesto al sol de $0.005/kWh generado (1/2 centavo de dólar/kWh) sea suficiente para poder cubrir las necesidades de las clases más pobres. Tal vez se pueda iniciar una Fundación con una asignación inicial de fondos (“endamen”) suplementada por los dineros generados de este impuesto, permitiendo subsidiar la instalación de estos sistemas, por modestos que sean, en las clases sociales más desventajadas.

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Habemos algunos que abrazamos la sostenibilidad y las fuentes renovables de energía desde hace más de 20 años, cuando para la gran mayoría de la población era una proposición costosísima, casi imposible y para algunos descabellada. Los costos eran insostenibles, pero nuestra convicción fue inquebrantable. El tiempo nos dio la razón. La sostenibilidad y las fuentes renovables de energía son necesarias para garantizar la igualdad energética salvando a la misma vez, nuestro ambiente y reduciendo las emisiones de gases que ocasiona el cambio climático.

Aprovechemos la celebración del Día del Planeta Tierra para reconocer la equidad como uno de los elementos esenciales de la sostenibilidad. Todos somos responsables de la salud del Planeta y de asegurar la supervivencia de todos y no de algunos.

El autor es arquitecto practicante, catedrático retirado de la Escuela de Arquitectura de la UPR, “fellow” del American Institute of Architects, fundador y pasado presidente del US Green Building Council del Caribe y la autoridad reconocida sobre el tema en Puerto Rico.